Internación involuntaria, un derecho a la salud y a la vida
DOI:
https://doi.org/10.25118/2763-9037.2024.v14.1324Palabras clave:
internación involuntaria, trastornos mentales, servicios de salud mental, derechos del paciente, consentimiento informado, ética médica, seguridad del paciente, evaluación de riesgo, política de salud, opinión públicaResumen
La comunicación contemporánea es crucial en la formación de la opinión pública, especialmente en temas complejos como la salud mental y las prácticas terapéuticas psiquiátricas. Los líderes de opinión deben transmitir información precisa y equilibrada, ya que discutir fuera de su área de especialización puede llevar a la difusión de información incorrecta, influyendo negativamente en la percepción pública. La internación involuntaria, prevista en la Ley nº 10.216 de 2001, permite la hospitalización sin el consentimiento del paciente, a solicitud de terceros, siendo uno de los tres tipos de hospitalización psiquiátrica regulada, junto con la hospitalización voluntaria y la compulsoria. Sin embargo, los medios de comunicación suelen retratar la internación involuntaria como autoritaria, llevando a percepciones erróneas. La internación involuntaria está respaldada por criterios médicos estrictos y tiene como objetivo proteger la salud y el bienestar del paciente, especialmente en casos donde la persona representa un riesgo para sí misma o para otros, tras el fracaso de los recursos ambulatorios. Bioéticamente, esta medida debe analizarse según los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La comunicación responsable es vital para evitar la estigmatización de los tratamientos psiquiátricos y la desinformación. La distinción entre autoritarismo y autoridad es esencial: mientras el autoritarismo ignora normas legales y éticas, la autoridad actúa dentro de la ley y la ética, con transparencia y participación. Incluso valorando la autonomía del paciente, hay situaciones en que las condiciones psiquiátricas graves justifican la hospitalización involuntaria de manera ética y legal. Las políticas de salud pública deben revisarse continuamente para garantizar la dignidad y la autonomía de los pacientes.
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Brasil. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm
Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 8th ed. Oxford: Oxford University Press; 2019.
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